La organización informó que este jueves los líderes de los pueblos y las nacionalidades analizarán nuevas acciones porque el “paro sigue, la lucha continúa”.

“El gobierno de Daniel Noboa responde con represión, pero nuestras demandas siguen firmes y justas”, aseveró la Conaie que exige derogar el Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel y el precio de ese combustible pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

Además, piden atender la crisis en salud y educación con presupuesto real, reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 12 por ciento, liberar a los detenidos durante las manifestaciones, respetar el derecho a la protesta y organización, y el fin a la expansión minera у petrolera.

Las protestas, que han dejado un muerto y decenas de detenidos e investigados por terrorismo, se han focalizado en la provincia de Imbabura, en la sierra norte, aunque también ha habido manifestaciones en Cotopaxi, Pichincha -cuya capital es Quito-, Azuay, Bolívar, Chimborazo y otros territorios.

“Este paro nacional ha sido una de las jornadas más represivas en la historia del Ecuador. Se ha registrado represión aérea y terrestre. Como saldo se produjo un asesinado a manos de las fuerza pública, lo que constituye un crimen de Estado”, subrayó la vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, en entrevista con la emisora Radio Pichincha.

Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachakutik, brazo político de la Conaie, llamó a la unidad del movimiento y pidió a organismos nacionales e internacionales, defensores de derechos humanos que exijan al Gobierno el cese del abuso de poder y del uso indiscriminado de la fuerza.

Desde la ONU, las universidades y la iglesia católica existen llamados al diálogo en el actual contexto de tensiones.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana ofreció acompañar “el camino hacia el diálogo y la reconciliación”, igual que en los paros de 2019 y 2022 para una salida pacífica a las protestas.

En tanto, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, defendió el accionar de la administración de Noboa, que se niega a dar marcha atrás con la medida del diésel.

De acuerdo con Jaramillo, desde que se puso fin a la subvención los recursos que antes se destinaban al contrabando y la minería ilegal ahora llegan directamente a las familias más empobrecidas.

La funcionaria mencionó que “no toleraremos el chantaje como forma de diálogo, ni la violencia venga de donde venga”.

“No vamos a retroceder”, enfatizó en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El mandatario, por su parte, afirmó en sus redes sociales que a pesar del paro y de la caída del consumo de diésel en un 15,9 por ciento, la ventas y las exportaciones crecieron en septiembre en comparación con 2024.

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