Al respecto, el abogado Henry Fino en declaraciones citadas por el diario Colatino dijo que si los exfuncionarios fueron condenados por participar en negociaciones con pandillas, también funcionarios del actual gobierno deberían ser procesados por hacer lo mismo.

El letrado puntualizó que “aplican justicia a enemigos del régimen e impunidad a los amigos”, un criterio que gana simpatizantes en el país, en especial de opositores que se quejan de presunta persecución política.

Fino, conocido por sus defensa de los derechos humanos, afirmó que aquí la justicia está instrumentalizada, lo que se demuestra en el caso de los exfuncionarios Benito Lara, Arístides Valencia y Ernesto Muyshondt, quienes fueron condenados debido a lo expresado por un pandillero criteriado.

“Actualmente, señaló, le aplican la justicia a los enemigos del régimen y la impunidad a los amigos. Si estos exfuncionarios fueron condenados tomando la declaración de un líder de pandilla, entonces, la misma ruta tendrían que seguir con funcionarios del actual gobierno”.

Líderes de pandillas juzgados en Nueva York, Estados Unidos, dieron suficientes elementos probatorios de negociación con actuales funcionarios públicos, a cambio de votos, sostuvo

“Si realmente la justicia y la fiscalía actuaran dentro del marco de su función, así como ha juzgado a estos exfuncionarios, tendría que estar juzgando a actuales funcionarios que han hecho lo mismo, si estamos en la justicia como tal, sin mirar de quién se trata, también funcionarios del actual gobierno deberían estar siendo procesados, cosa que no va a pasar momentáneamente”, puntualizó.

El jurista abordó además los casos de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, y los cinco ambientalistas enjuiciados dos veces por el mismo delito, lo cual es una muestra clara que en El Salvador hay una persecución política ideológica, por ello, hay defensores de derechos humanos perseguidos y encarcelados.

No son pocos en el país los que estiman que existe un enorme retroceso en derechos humanos, el libre pensamiento está obstaculizado para quienes no están alineados con el pensamiento del gobierno, esta no es una visión de los derechos humanos”, afirmó el abogado.

Mientras, el diputado de Arena Francisco Lira apuntó que no se debe solo condenar a los que no sean del partido de gobierno.

Puso de ejemplo una investigación que llevaba la Fiscalía General de la República que luego se conoció como «Caso Catedral» en el que supuestas investigaciones de fiscales concluían a que funcionarios del gobierno actual negociaron con pandillas.

Otras fuentes señalan a el director de Centros Penales, Osiris Luna, y el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, que según dicen “ofrecieron a las pandillas mejores condiciones carcelarias, dinero y otros beneficios a cambio de que redujeran las tasas de homicidio y dieran apoyo electoral al partido de Bukele.

Lo cierto es que el proceso concluido, aunque será apelado por algunos de los condenados, destapó un espinoso asunto, las negociaciones de funcionarios con las pandillas, el cual puede salpicar al gobierno del presidente Nayib Bukele.

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