La medida incluye también al exjefe jurídico de la cancillería, Carlos Mata, y responde a una decisión del ministro Mario Lubetkin.

Tal decisión se adoptó tras constatar “elementos” que permiten identificarlos como “presuntos responsables” en “hechos irregulares” durante la anterior gestión.

En abril último la cancillería inició la pesquisa para determinar responsabilidades con la destrucción de un documento público protocolizado que incluía las conversaciones de Whatsapp entre los exsubsecretarios Carolina Ache (Relaciones Exteriores) y Guillermo Maciel (Interior), indicó Radio Montecarlo.

Los chats confirmaron que el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou sabía que Sebastián Marset era un peligroso narcotraficante en momentos en el que le expidió un pasaporte.

La investigación interna de la cancillería detectó «elementos» para señalar a los exaltos funcionarios como «presuntos responsables» de «hechos irregulares» durante la gestión anterior.

Estos hechos se remontan a octubre de 2023, cuando la exvicecanciller Carolina Ache denunció ante Fiscalía que el exasesor presidencial Roberto Lafluf había destruido el referido documento en la Torre Ejecutiva, sede de la presidencia.

Mata fue quien entregó el documento a Lafluf y atribuyó esta acción a una instrucción directa del entonces canciller Francisco Bustillo.

El proceso sumario administrativo será llevado a cabo por dos funcionarias de la Oficina Nacional de Servicio Civil

A la par, el canciller Mario Lubetkin entregó hoy al fiscal Alejandro Machado los resultados de la investigación administrativa. Machado está a cargo de la investigación penal.

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