Mediante el Decreto Ejecutivo 173 el gobernante solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se añada a la papeleta la interrogante para que los ecuatorianos decidan si respaldan una reestructuración parlamentaria.

Según el comunicado oficial difundido por la Presidencia, esta iniciativa responde a una “demanda ciudadana de optimizar la representación legislativa y hacer más eficiente la labor de la Asamblea Nacional”.

Actualmente, el organismo legislativo lo integran 151 asambleístas y la propuesta de Noboa es bajar a 73 asambleístas, una idea que la oposición y otros sectores cuestionan debido a que algunos territorios quedarían apenas representados por una persona.

La propuesta deberá añadirse a las otras tres interrogantes ya aceptadas previamente por la Corte Constitucional, entre ellas la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna.

Los ecuatorianos deberán decidir también si están de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos a las organizaciones políticas.

Analistas y políticos de oposición advirtieron que sin apoyo estatal se abre la puerta a las grandes chequeras, se reduce la democracia participativa y facilita el ingreso de dineros irregulares a las campañas.

Por otro lado, los ciudadanos deberán manifestar si desean levantar la prohibición constitucional de establecer bases militares o instalaciones extranjeras con propósitos militares.

El presidente Noboa busca permitir tropas estadounidenses en el territorio nacional ante el argumento de la inseguridad, mientras a principios de septiembre, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó en su visita a Quito que podrían retornar siempre y cuando lo pidan formalmente.

A su vez, la portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, anunció la próxima visita a esa nación sudamericana de Kristy Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, para definir la ubicación de “bases de homeland security”.

El CNE, por su parte, aprobó a 13 organizaciones políticas y sociales para participar del 1 al 13 de noviembre en la campaña relacionada con las preguntas sobre las bases militares y el financiamiento de los partidos y excluyó de ese proceso a la Revolución Ciudadana, movimiento de oposición.

No obstante, sí incluyó a ese partido en el grupo de 15 organizaciones aprobadas para hacer actos proselitistas a favor o en contra del cuestionamiento sobre la Constituyente.

rc/avr