“Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos. A los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes”, afirmó el mandatario este domingo en su cuenta de la red social X.
Previamente, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, alertó que podrían dirigir las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel hacia la capital del país, si el Gobierno no responde a sus demandas.
“La paciencia se nos va a acabar, señor presidente”, afirmó el dirigente en medio de las movilizaciones que llevan ya 14 días consecutivos en varias provincias.
Ante esa advertencia, Noboa declaró un nuevo estado de excepción en 10 provincias del país y suspendió la libertad de reunión en esas localidades durante las 24 horas para quienes paralicen servicios públicos.
Las manifestaciones, iniciadas el 22 de septiembre último, se mantienen en provincias de la sierra ecuatoriana y la Amazonía.
Según el monitoreo de la Alianza por los Derechos Humanos, se registraron hasta este viernes 3 de octubre 196 reportes de vulneraciones a los derechos humanos, 110 personas heridas y una persona fallecida, el comunero kichwa Efraín Fuerez.
Las demandas del movimiento indígena incluyen la derogatoria del decreto que puso fin a la subvención al diésel, la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 12 por ciento, rechazo a la Asamblea Constituyente impulsada por el Ejecutivo y mayor presupuesto para salud y educación.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que las medidas económicas son necesarias y, pese al descontento social, insiste en que no dará marcha atrás con la decisión del diésel.
Paralelamente, en el actual contexto de tensiones, el gobernante anunció una reducción temporal durante los próximos feriados del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al ocho por ciento.
Asimismo, “para fomentar la economía local”, informó que el 14 de noviembre, dos días antes de la consulta popular, pagará el décimo tercer sueldo a los funcionarios públicos e invitó a la empresa privada a sumarse a esta iniciativa.
“Es una señal de debilidad política. No está seguro de sus números. Quiere lograr votos con el propio dinero de los ecuatorianos. Nunca juega limpio. Es un político acostumbrado a ganar torciendo las reglas”, comentó el abogado Mauro Andino.
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