“La revocatoria de la licencia ambiental del proyecto en Quimsacocha, es con base a los informes técnicos, entregados por las dos autoridades de la provincia de Azuay, prefectura provincial y alcaldía de Cuenca,”, señaló este lunes la vocera presidencial, Carolina Jaramillo.

La funcionaria añadió, en su rueda de prensa semanal, que las autoridades locales tienen una gran responsabilidad en esa decisión sobre el extractivismo en una zona clave para las reservas hídricas, ubicada a unos 30 kilómetros de la sureña ciudad andina de Cuenca, capital de Azuay.

Cristian Zamora, alcalde cuencano, anunció que creará una comisión para analizar de manera técnica y jurídica la revocatoria de la licencia del proyecto Loma Larga, pues “ha recibido una infinidad de alertas sobre una posible falta de rigurosidad en el documento”.

La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), que impulsó una multitudinaria marcha en defensa del agua y contra la minería el pasado 16 de septiembre, advirtió que gran parte de los 102 considerandos para revocar la licencia se basan en publicaciones de redes sociales.

“Ni una sola línea menciona los resultados de las Consultas Populares de Cuenca y Girón, que son mandatos soberanos y vinculantes.‎‎ El gobierno ha preferido justificar su decisión con comentarios de redes sociales antes que con el mandato del pueblo”, escribió la FOA.

La licencia ambiental había sido concedida a la compañía canadiense Dundee Precious Metals por el mismo Gobierno del presidente Daniel Noboa el pasado 23 de julio para el proyecto Loma Larga, donde se preveía una inversión de entre 400 y 500 millones de dólares para extraer oro, plata y cobre.

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