Una de las denuncias contra la normativa, que entró en vigor el 1 de octubre, fue presentada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) por considerar que la disposición afecta directamente la sostenibilidad financiera y la independencia del sistema de seguridad social.
Según el Gobierno, la reforma busca fortalecer la institucionalidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y su banco, al asegurar mayor liquidez y una gestión más eficiente.
No obstante, Inredh señala que con la Ley, aprobada con la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, podrían comprometerse los fondos y reservas destinados a pensiones, salud y prestaciones sociales.
Entre otras cuestiones, la organización plantea que el texto legal vulnera el principio de autonomía y pone en riesgo los derechos de los afiliados y jubilados, al permitir que los recursos del IESS sean utilizados con fines distintos a los de la seguridad social.
“Estas disposiciones, lejos de fortalecer la institucionalidad, representan un retroceso de derechos y amenazan el presente y futuro del sistema de seguridad social ecuatoriano”, señaló la organización.
Esa demanda y otras buscan que la Corte declare la inconstitucionalidad total o parcial de la ley y reconozca que las reformas vulneran derechos fundamentales vinculados al acceso a la seguridad social.
Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS, anunció que este miércoles 8 de octubre presentará también un pedido de impugnación contra la Ley, que según afirmó permite al gobierno intervenir en los recursos del seguro social y transferirlos al sector financiero privado.
Una de las principales implicaciones de la Ley es que otorga al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) la posibilidad de vender los créditos en mora que no han sido pagados a tiempo por afiliados o jubilados.
La normativa fue el quinto proyecto de ley urgente propuesto por Noboa y aprobada por el Legislativo, sin embargo, la Corte Constitucional ya anuló dos de ellos tras una serie de denuncias presentadas por organizaciones sociales, sindicales, abogados y ciudadanos.
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