Este martes, en la audiencia preparatoria de juicio del conocido como caso Malvinas -por el nombre del barrio donde residían los chicos- la Fiscalía acusó a 16 uniformados como autores directos y a un coronel como cómplice.

La acusación se basa en la “detención ilegal y presunta desaparición forzada” de los cuatro menores.

Los hechos se remontan al 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11 años, desaparecieron tras ser detenidos por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la avenida 25 de Julio, de Guayaquil.

Desde ese día nadie más volvió los volvió a ver hasta que se encontraron los cuerpos calcinados en Taura, cantón Naranjal de la provincia de Guayas, zona donde, al parecer, fueron abandonados por los militares.

Los jóvenes fueron hallados sin vida el 24 de diciembre y su identidad se confirmó el último día de ese año.

El caso ha puesto en evidencia las tensiones en Ecuador entre la lucha contra el crimen a través de la militarización y el respeto a los derechos humanos.

Diversos organismos y organizaciones civiles advirtieron que el uso indiscriminado de los militares en labores de seguridad interna puede derivar abuso y falta de rendición de cuentas, especialmente en barrios marginados.

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