Mediante un comunicado, el Ejecutivo subrayó que buscará hacer valer su postura e impedir que una norma peligrosa que sacrifica la transparencia y la calidad del gasto público entre en vigencia.

El decreto 7-2025 fue vetado y devuelto dentro del plazo constitucionalmente establecido y cumplió todos los requisitos, aseguró en el texto.

Es una expresión clara de la decisión del mandatario de no sancionar una iniciativa que, evidentemente, era ilegal, remarcó.

El Legislativo debió conocerlo y actuar conforme a la Constitución, pero 84 diputados, con argucias, argumentos incorrectos y espurios, retorcieron el procedimiento, señaló.

En la sesión de este martes, el parlamentario del partido Unionista Álvaro Arzú presentó una moción para que se aprobara el acuerdo que Arévalo vetó.

Luego de la aprobación, integrantes de la bancada Vamos, liderada por Allan Rodríguez, celebraron, en algo a lo que contribuyeron también los afiliados de Valor.

Los congresistas de oposición atribuyeron el error a la Secretaría General de la Presidencia, al omitir un artículo que, comentaron, era vital para cualquier documento legal de este tipo.

Con el rechazo del veto, los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural podrían retener los fondos públicos no invertidos.

Al menos 305 alcaldes firmaron en septiembre último una misiva y la entregaron al Gobierno para que el jefe de Estado firmara la propuesta.

“Debemos contar con presupuestos sólidos, éticos y centrados en el bienestar del pueblo, pero también ejecuciones que nos permitan recobrar la confianza en el Estado”, respondió luego el Gobierno.

El analista independiente Luis Linares advirtió que los alcaldes están interesados en el manejo de los recursos, ya que se convirtieron en la principal fuente de corrupción, y el dinero se incrementó enormemente este año, por ello, aseveró, la Ley es un “enorme botín”.

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