La polémica sobre la legitimidad de los magistrados con mandato autoprorrogado desde enero de 2024 y las nuevas autoridades judiciales se reactivó este lunes, luego de que Saucedo exigió en sus redes sociales la renuncia inmediata de sus cinco colegas del TCP y de otros tantos igualmente prorrogados en el TSJ, cuyas fotos incluyó en su cuenta de X.
En relación con quienes permanecen en el TCP pese a que su mandato constitucional concluyó el 2 de enero de 2024, advirtió que si no renuncian serán expulsados.
Saucedo acusó a los autoprorrogados del TCP de causar un “profundo daño a la institucionalidad democrática del país”, en una declaración respaldada por otras cabezas del Órgano Judicial y que generó una comparecencia este martes ante la prensa de los aludidos, con el argumento de que la única vía para la sustitución de autoridades constitucionales es el voto popular.
La demanda de Saucedo fue aceptada por la Fiscalía de Chuquisaca y en ella se argumenta que los acusados usurpan funciones y son imputables por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, como parte de una cruzada orientada a apartarlos de sus cargos tras haber fenecido su mandato constitucional.
Los acusados en cuestión son Gonzalo Hurtado (presidente), René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo.
Saucedo criticó que estos magistrados ocupan espacios que, constitucionalmente, debían dejar en diciembre de 2023, y recordó que en el Senado se aprobó una ley impulsada por la senadora Silvia Salame para cesarlos de sus cargos.
Aprobada el 2 de octubre último en el Senado, la ley establece, asimismo, que el TSJ funcione únicamente con los magistrados y magistradas elegidos democráticamente en las elecciones judiciales de 2024, y se encuentra en la Cámara de Diputados para su revisión.
En relación con este tema, el candidato presidencial de la Alianza libre, Jorge Tuto Quiroga, salió en defensa de los autoprorrogados.
Argumentó que esta acción, junto con otras impulsadas por sectores a los que identificó como afines al exmandatario Evo Morales, orientadas a investigar un supuesto fraude en la primera vuelta de las elecciones generales del 17 de agosto, apuntan a anular los comicios y evitar el balotaje, previsto para el 19 de octubre.
De su lado, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, señaló a través de su cuenta en X que “sí, deben irse. Tomó 10 meses para que el TSJ se pronuncie”, «extrañó» el pronunciamiento del fiscal general, la Contraloría General del Estado y del procurador general.
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