El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, advirtió en rueda de prensa que el municipio enfrenta una afectación superior a los dos millones de dólares en el sistema de transporte público, debido a que gran parte de las unidades operan con este combustible.

Muñoz explicó que las obras municipales también se verán impactadas, ya que los contratistas reportaron incrementos de hasta el 15 por ciento en los costos actuales de ejecución.

Si bien precisó que su intención no es elevar el pasaje, “esta decisión nos obliga a sentarnos a conversar sobre las expectativas del sector de transporte respecto a un posible aumento de tarifas”, señaló el alcalde.

El funcionario también expresó preocupación ante la posibilidad de nuevos incrementos en diciembre si el Gobierno busca equiparar el valor del diésel al nivel internacional.

“No podemos ser responsables de una decisión, desde mi punto de vista, errónea y no tomada por nosotros”, sostuvo el jefe del Ejecutivo del municipio capital en relación con la medida gubernamental.

En su opinión, “el único responsable” de que hoy se hable de un posible incremento de tarifas es el Gobierno nacional.

“La eliminación del subsidio al diésel consta como uno de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y la historia nos ha demostrado, con muchos ejemplos de por medio, que una receta impuesta suele ser una receta fracasada en Ecuador”, recalcó.

El Gobierno implementó un sistema de compensación económica para los transportistas que tendrá una duración de entre seis y ocho meses con la intención de evitar que suba el valor de los pasajes, pero es temporal.

Muñoz señaló que desde el fin de la subvención, la población enfrenta un aumento en los precios de productos de consumo básico en mercados y centros comerciales.

Mientras tanto, el país cumple su tercera semana de protestas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que exige la reducción del IVA al 12 por ciento, mejoras en salud, educación y seguridad, y la liberación de los detenidos durante las movilizaciones.

La jornada de este martes estuvo además marcada por el ataque a la caravana presidencial en la provincia de Cañar, donde el mandatario Daniel Noboa fue recibido con protestas.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentó una denuncia ante la Fiscalía por tentativa de asesinato al gobernante.

El Ejecutivo insiste en que las medidas económicas son necesarias y ha reiterado que no dará marcha atrás con la eliminación del subsidio al diésel.

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