De acuerdo con el medio, la medida responde a la crítica situación fiscal que afronta esa jurisdicción.
La propuesta conlleva el cierre de siete centros sociosanitarios y cuatro hospitales de atención continuada.
También incluye la clausura de cuatro consultas de ginecología y seis clínicas de odontología.
Además, se reducirán las plazas de acogida para personas mayores con atención las veinticuatro horas.
La digitalización de la mayoría de los trámites y servicios es otra de las estrategias previstas.
El gobierno espera que estas medidas generen un ahorro de 58 millones de euros para el 2026.
La región acumula un déficit de 255 millones en los dos últimos años.
Analistas citados por el medio alertan sobre el impacto social de la reducción de la cobertura sanitaria pública.
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