En su discurso de Política General ante los diputados, el mandatario cedió en parte a un reclamo de la izquierda y de los sindicatos, sobre todo del Partido Socialista (PS), que exige la supresión de la reforma como una de sus condiciones para no sumarse a la censura de Lecornu, con mociones con ese fin ya presentadas por La Francia Insumisa (LFI) y Agrupación Nacional (RN).

El primer ministro precisó en el hemiciclo que la suspensión de la ley adoptada en 2023 para cambiar el sistema de la jubilación costará al país 400 millones de euros en 2026 y 1,8 mil millones en 2027.

Al respecto, propuso la celebración en los próximos días de una conferencia sobre el trabajo y el retiro con los actores sociales, en aras de discutir que vendrá después de la congelación.

En las primeras reacciones a la decisión de Lecornu, el líder de los comunistas, Fabien Roussel, evocó una victoria para los 500 mil trabajadores que se beneficiarán de inmediato con la suspensión, mientras que el jefe de filas de los Republicanos (conservadores) en la Asamblea, consideró que el paso busca aliviar la presión del PS.

Por su parte, la principal figura de LFI, Jean-Luc Mélenchon, advirtió que el primer ministro mencionó la suspensión por un tiempo límite, no la eliminación de la reforma de la jubilación.

Hay que ver si después no viene una peor, comentó en su cuenta en X.

Falta por ver si el anuncio calma a un sector de la oposición, en particular a los socialistas, quienes tienen la llave de la continuidad o no del primer ministro en el cargo, lo cual se sabrá el jueves, cuando serán votadas en la cámara baja las mociones de censura de LFI y RN.

En su discurso de Política General, el primer ministro reiteró la urgencia de adoptar antes de que termine el año del presupuesto del Estado para el 2026, proyecto que presentó hoy en el Consejo de Ministros.

Un fallo presupuestario alegraría solo a los enemigos de Francia, abundó.

Lecornu también apeló a la descentralización e insistió en su promesa de no acudir al artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar normas sin el voto parlamentario, un recurso usado por sus predecesores, muy criticado siempre desde la oposición.

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