Mediante un comunicado, la cartera señaló que esa norma limita sólo al comercio la obligación de presentar Estudios de Evaluación de Impacto, lo cual deja fuera a la agricultura, industria, servicios, construcción, así como a toda actividad e inversión pública.

El Congreso abrió así la puerta a la destrucción y la contaminación sin control y socavó directamente el derecho constitucional de los chapines a vivir en un ambiente sano, consideró el organismo de Estado.

También, añadió, incrementó la vulnerabilidad del país como resultado de la destrucción de la naturaleza y ante el cambio climático. Institucionalizó la impunidad ambiental y vulneró el principio de igualdad ante la ley, amplió el MARN.

Llamó urgente al Pleno del Legislativo a aceptar dichas objeciones y a revertir la reforma esta martes, cuando la agenda incluyó discutirlas.

“Estos son tiempos no solo de evitar más daños al ambiente, sino de trabajar por recuperar la naturaleza para que las presentes y futuras generaciones puedan vivir con bienestar”, subrayó en el texto.

En total 84 diputados de 160 aprobaron el Decreto 9-2025 en vista de exonerar a iglesias e instituciones benéficas del estudio de impacto ambiental.

Desde ese momento, el MARN manifestó su preocupación ante dichas reformas que promueven la impunidad, al otorgar privilegios a grupos sin ningún fundamento técnico.

El Pleno del Parlamento se encuentra en sesión esta tarde con temas como las reformas al sistema de justicia y penitenciario, mientras un grupo de ciudadanos (sin identificarse) se congregó en las afueras para repudiar el Decreto 9-2025.

Asimismo, el 7-2025, aprobado para trasladar de un año a otro los fondos a los Consejos de Desarrollo Comunitario, que –según analistas- sienta un precedente peligroso, debilita la disciplina fiscal y al propio tiempo propicia la corrupción.

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