La normativa exige que los solicitantes demuestren ingresos provenientes de trabajo o actividad empresarial, y no de asistencia social.
Quienes recibieron ayuda social por más de tres meses en los últimos dos años perderán la posibilidad de obtener el pasaporte finlandés.
La medida excluye a menores de edad y a personas mayores de 65 años.
El gobierno también evalúa incorporar causales para revocar la ciudadanía, en casos de fraudes durante la solicitud o delitos contra el Estado.
Analistas consultados por Yle consideran que esta decisión refleja una tendencia europea hacia políticas migratorias más restrictivas y destacaron que el cambio busca priorizar la integración económica de los migrantes.
Se trata de la segunda fase de una reforma migratoria, tras ampliar el requisito de residencia permanente de cinco a ocho años.
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