La organización señaló en un comunicado que el Ejecutivo confirmó su política autoritaria al priorizar las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los derechos del pueblo ecuatoriano.

No existen condiciones para dialogar mientras continúe la represión, indicó la Conaie, que se refirió al aumento de heridos, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y el cierre de medios comunitarios.

El movimiento indígena denunció la criminalización de la protesta social, donde el gobierno impone una narrativa que falsamente nos tilda de terroristas» y rechazó los intentos de vincular al movimiento indígena con el narcotráfico o agendas externas, acusaciones que buscan desconocer la legitimidad histórica de sus luchas.

No obstante, la Conaie reafirmó su disposición al diálogo verdadero y a un cese a la confrontación, pero advirtió que «no aceptará conversaciones vacías ni condicionadas por la represión».

El colectivo convocó a la comunidad internacional a estar alerta ante el recrudecimiento de la persecución estatal contra quienes ejercen el legítimo derecho a la resistencia.

La semana pasada, el ministro del Interior John Reimberg se reunió con dirigentes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac), de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI) en el municipio de Otavalo, perteneciente a la provincia de Imbabura.

Tras el encuentro, en el cual no estuvo presente ningún representante de la Conaie, la administración anunció el “fin del paro” e informó que los diálogos iniciarían este lunes, pero varias comunidades se negaron a detener las manifestaciones y el Ejecutivo suspendió la instalación de mesas de negociaciones bajo el argumento de que “no existen condiciones”,.

Este lunes persisten los cierres viales en Imbabura y en las provincias de Loja, en el sur, y Pichincha, a la cual pertenece Quito, la capital del país.

Las movilizaciones sociales, que comenzaron el 22 de septiembre convocadas por la Conaie en rechazo a medidas como el fin del subsidio al diésel, han dejado, hasta la fecha, tres muertos y más de 200 heridos, según organizaciones de derechos humanos.

Además, la Conaie sumó a sus motivos para el levantamiento el rechazo al proceso consultivo del próximo 16 de noviembre, cuando los ecuatorianos deberán responder a la iniciativa de Noboa sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

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