El reporte da cuenta del registro de 617 mil armas, por lo que uno de cada seis habitantes posee un revólver u otro armamento.

Señala que entre 2013 y 2024, los delitos con armas de fuego crecieron 300 por ciento, con una marcada expansión hacia el interior del país.

Entre 2011 y 2024, los homicidios aumentaron 87 por ciento, y la mayoría de ellos se cometen con armas de fuego.

Otro factor facilitador en esos datos de violencia es el consumo de drogas, tanto legales como ilegales.

El informe consigna que la principal causa de conducta criminal sigue siendo el consumo de cocaína y pasta base, sobre todo en contextos de exclusión social, cárceles y personas en situación de calle.

Tal situación, añade, agrava problemas de salud mental que impactan en la población sin hogar.

Respecto a la respuesta del sistema penal, el gasto en seguridad aumentó 21 por ciento en términos reales entre 2013 y 2024, pero el egreso por recluso disminuyó en 27 por ciento.

Acorde a su población, Uruguay tiene una de las mayores fuerzas policiales de la región, con 21 mil 146 efectivos dedicados a tareas de prevención y represión. Ello equivale a 591 policías cada 100 mil habitantes.

Uruguay tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, con 444,7 presos por cada 100 mil habitantes.

El 65,6 por ciento de las personas liberadas reincide en menos de tres años, dice el reporte.

En sus conclusiones generales, el documento señala una paradoja en la situación de seguridad: el país combina altos niveles de control penal —en cantidad de efectivos y capacidad represiva— con baja capacidad preventiva y de análisis sobre las conductas delictivas actuales.

Al mismo tiempo, el aumento sostenido de las armas y del consumo de drogas impulsa la delincuencia y, especialmente, los homicidios.

También advierte sobre la “privatización de la seguridad”, en línea con el aumento de los guardias privados habilitados, que en 2024 sumaban más de 15 mil, cifra cercana a la mitad del total de policías en actividad.

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