La movilización, encabezada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), comenzó el 22 de septiembre en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

Con el paso de las semanas, las demandas se ampliaron ante la situación económica y social de las comunidades, como por ejemplo el reclamo de la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 12 por ciento y la liberación de los detenidos en manifestaciones.

Las manifestaciones se concentran en Imbabura la provincia de Imbabura, en la sierra central, aunque en otros puntos del país han tenido lugar movilizaciones, muchas de ellas reprimidas por la fuerza pública bajo el argumento del estado de excepción que impide el bloqueo de vías.

Según organizaciones de derechos humanos, las protestas han dejado tres muertos, dos de ellos por impactos de bala, cerca de 300 heridos y 118 detenidos, entre ellos 12 acusados de terrorismo por el ataque a un cuartel policial en Otavalo, donde se incendiaron vehículos.

Estudiantes, trabajadores y miembros de diversos colectivos se han sumado a las movilizaciones en ciudades como Guayaquil, Cuenca y Quito, donde policías y militares han actuado para impedir las protestas.

El Gobierno se niega a dar marcha atrás con la decisión del diésel, una medida que para la Conaie y otros colectivos responde al plan acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que encarecerá el costo de la vida en el país.

Tras un encuentro la semana pasada entre el ministro del Interior, John Reimberg, y dirigentes indígenas de Imbabura, el Gobierno anunció el fin del paro y la instalación de mesas de diálogo para atender las demandas del movimiento indígena.

No obstante, las bases decidieron mantener las movilizaciones y los bloqueos de vías.

En respuesta, la administración se niega a reanudar el diálogo, mientras acusó a la Conaie -que no estuvo presente en la reunión inicial- de incumplir acuerdos previos y de usar las protestas con fines políticos.

El ministro Reimberg, advirtió que “a partir de ahora cualquier cosa que ocurra será responsabilidad de ellos”, declaración que la Conaie calificó como una “amenaza abierta” y un intento de justificar la represión.

Este panorama de tensiones se desarrolla a pocas semanas del proceso consultivo convocado por Noboa para el 16 de noviembre, que incluye una consulta sobre la instalación de una Asamblea Constituyente y la autorización de bases militares extranjeras.

La Conaie anunció que hará campaña por el “No”, mientras el oficialismo intenta mantener su apoyo ante un clima de pesimismo social y desgaste político.

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