La jueza María Teresa Barrientos hizo duras críticas a la Fiscalía por la duración del proceso, extendido por más de 10 años, lo cual constituye una violación flagrante de los derechos humanos de los imputados y de los tratados internacionales vigentes en el ordenamiento jurídico del país.

Por otra parte, dijo, no se acreditaron supuestos pagos, sobornos y delitos tributarios de los encartados.

Además de Enríquez-Ominami, estaban acusados el exsenador Pablo Longueira, el exgerente de SQM Patricio Contesse y otras cinco personas.

La investigación comenzó en 2015 cuando la Fiscalía acusó a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) de un financiamiento irregular de la política entre 2008 y 2014.

«Fueron 11 años de acusaciones, manipulación solamente para manchar, destruir, proscribir, y no encontraron nada, porque no había nada. Muy pronto esto se transformará en un escándalo de Estado», dijo el candidato presidencial tras conocer el veredicto.

mem/car