“Quiero hacer una mención de agradecimiento (…) las Fuerzas Armadas y la Policía merecen el respeto de cada uno de nosotros, porque han defendido el país, el territorio y la soberanía de nuestro Ecuador”, afirmó el mandatario este viernes en la provincia de Esmeraldas.

Durante un acto de entrega de motores a pescadores y la firma de convenios con comunidades afroecuatorianas, Noboa reconoció que los días de las protestas fueron “duros y difíciles”, pero insistió en que su Gobierno actuó con firmeza.

“Los enemigos del pueblo nunca imaginaron que iban a tener un gobierno firme y que no vamos a retroceder”, dijo el gobernante en referencia a que la eliminación del subsidio al diésel, medida que provocó las manifestaciones populares, se mantiene vigente.

Las movilizaciones, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), iniciaron el 22 de septiembre y se extendieron durante un mes con foco en la provincia de Imbabura, aunque hubo movilizaciones en diversos puntos del país.

La Conaie rechazó el fin de la subvención al diésel —que elevó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares—, y más tarde sumó exigencias como la rebaja del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el aumento del salario mínimo y la oposición a la consulta popular convocada para el 16 de noviembre.

Durante las protestas murieron dos comuneros kichwas, Efraín Fuerez y José Guamán, por impactos presuntamente causados por militares, y una mujer de 61 años, aparentemente afectada por gases lacrimógenos.

Organizaciones de derechos humanos reportaron unos 300 heridos y más de 140 detenidos, entre ellos una docena de procesados por terrorismo que este viernes fueron puestos en libertad por falta de pruebas, aunque el proceso legal continúa.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, anunció el pasado miércoles el fin del paro “ante la brutal represión” sufrida por las comunidades, mientras el Ministerio del Interior confirmó el inicio del despeje de las vías bloqueadas.

Desde la oposición, el legislador Jaime Estrada, del movimiento Revolución Ciudadana, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “las violaciones cometidas por la fuerza pública” y solicitó medidas cautelares para las víctimas.

“Aspiramos que se inicie un proceso de veeduría a las violaciones de derechos ocurridas durante las protestas”, declaró.

Aunque el paro no logró revertir la medida sobre el combustible, analistas consideran que visibilizó el descontento social con el Gobierno.

Noboa, por su parte, aseguró que el país cerrará 2025 “con fuerza y desarrollo”, e insistió en que “sí al progreso y sí al desarrollo”, en alusión a la consulta en la que propone llamar a una Asamblea Constituyente que podría marcar el futuro político de su administración.

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