Con esta nueva embestida suman 10 las lanchas que Estados Unidos ha hecho explotar en aguas del Caribe y Pacífico colombiano, y se eleva a 43 el número de fallecidos desde el inicio de la campaña de Washington en septiembre de lucha antidrogas.
Las operaciones, ejecutadas sin procedimientos judiciales ni una declaración de guerra del Congreso, han suscitado dudas sobre los límites del poder presidencial y fueron denunciadas por los gobiernos de Colombia y Venezuela, países a los que la administración de Donald Trump intenta asociar con el narcotráfico.
Familiares de las víctimas han negado la participación en actividades de esa naturaleza, lo que aumenta la indignación respecto a estos ataques.
En un mensaje en X, Hegseth afirmó que esta última embarcación neutralizada la operaba el Tren de Aragua, una banda criminal que Trump designó como organización terrorista extranjera al comienzo de su segundo mandato.
“Nuestra inteligencia sabía que la embarcación estaba involucrada en el tráfico ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, escribió.
Trump dijo que pasaría por alto al Congreso en lugar de pedir aprobación para su campaña militar contra los presuntos cárteles y narcotraficantes, incluso agregó que se extendería del mar a la tierra.
“No creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra”, acotó ayer el excandidato al premio Nobel de la Paz en 2025 al comentar a los periodistas sobre estos ataques letales en el mar Caribe, expandido al Pacífico.
“Creo que vamos a matar a las personas que introducen drogas en nuestro país, ¿de acuerdo? Vamos a matarlos, ¿sabes? Van a morir”.
El Gobierno de Trump emitió hace poco una opinión legal clasificada que trata de justificar estos hechos, pero Jeffrey Stein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) advirtió que «toda la evidencia disponible sugiere que los ataques letales del presidente Trump en el Caribe constituyen, simple y llanamente, asesinato».
En ese sentido insistió que «el público merece saber cómo nuestro gobierno justifica estos ataques como legales».
Las fuerzas militares emplazadas en el Caribe para esta supuesta guerra antidrogas incluyen ocho buques de guerra, alrededor de cuatro mil efectivos, entre ellos una unidad de infantería de Marina, y 10 cazas F-35.
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