Al respecto, la ministra de Transporte, Barbara Creecy, explicó en rueda de prensa que se publicaron Solicitudes de Información (RFI, por sus siglas en inglés) para atraer ideas e inversiones que coadyuven a la revitalización integral del sistema.

“Estas RFI no son licitaciones; constituyen una invitación al mercado para colaborar en el diseño del futuro ferroviario”, precisó la titular.

La iniciativa busca recabar información y soluciones innovadoras que fundamenten futuras propuestas de inversión formal.

Según el Ministerio, la Agencia de Pasajeros de Ferrocarril de Sudáfrica (PRASA) ha recomisionado 35 de 40 corredores de trenes y registró 77 millones de viajeros en el último año auditado.

No obstante, Creecy recalcó que “para continuar la recuperación, PRASA requiere inversiones adicionales que no pueden ser sufragadas solo por el fisco”.

Los ámbitos de cooperación abarcan sistemas de cobro de tarifas, gestión de depósitos y la comercialización de la red de fibra óptica de PRASA para mejorar la conectividad digital. También se incluye el desarrollo de un sistema unificado de boletos “tap-and-go” válido en trenes, autobuses y taxis.

Un pilar central es la modernización de los depósitos de mantenimiento en Braamfontein y Wolmerton, lo que agilizará las reparaciones y generará empleo local. Asimismo, se proyecta una nueva generación de trenes regionales rápidos que conectarán ciudades como Pretoria, Johannesburgo y Durban, reduciendo tiempos de viaje y descongestionando las carreteras.

“Estos proyectos regionales no son posibles sin la asociación del sector privado”, afirmó la Ministra. De esa manera se invita a operadores calificados a arrendar y gestionar la flota, tanto los nuevos trenes azules fabricados en la planta de Gibela como los antiguos trenes amarillos readaptables.

El proceso de RFI, disponible en el portal www.psp-rfi.co.za hasta el 15 de diciembre de 2025, se enmarca en el cumplimiento de la Política Nacional de Ferrocarriles (2022) y el Marco de Participación del Sector Privado (2023).

Ambas políticas mantienen la propiedad pública de la infraestructura, pero promueven la inversión privada para elevar su eficiencia, en consonancia con el objetivo continental de convertir a Sudáfrica en un hub exportador de material rodante.

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