Según afirmó el titular del organismo, Edwin Palma, en respuesta a la instrucción del mandatario se implementará la adquisición directa del mineral en las regiones donde se obtiene.

El funcionario detalló que el 80 por ciento de las 70 toneladas que se comercializan cada año por un valor superior a los cuatro mil millones de dólares proviene de explotaciones informales o ilegales, lo cual deja pérdidas en regalías por aproximadamente cinco billones de pesos, cerca de mil 300 millones de dólares al cambio actual.

En su mensaje divulgado en redes sociales, Palma lamentó que el Congreso no ayudara en sacar adelante el proyecto de ley para la creación de una empresa estatal de minería, cuyo objetivo era combatir la ilegalidad y aumentar ingresos a la nación.

Apuntó no obstante que, en articulación con entidades estatales, se llevará adelante un proceso para que las empresas de oro en proceso de extinción de dominio se pongan al servicio de cooperativas y asociaciones de pequeños mineros, lo cual contribuirá a conferir un alto valor social a esos activos que alguna vez sirvieron para operaciones ilícitas.

La medida, que hoy ya favorece a siete mil 400 mineros organizados en cooperativas deberá extenderse a unos 350 mil informales y de subsistencia, sentenció.

El presidente escribió en su cuenta de la red social X que ordenó al Ministerio de Minas adquirir las empresas de oro de la Sociedad de Activos Especiales e iniciar de inmediato la compra del mineral en las regiones productoras de Colombia.

También mencionó la necesidad de regularizar masivamente a los pequeños mineros y sacar a las mafias del sector.

El gobernante calificó asimismo como un gran descalabro financiero que el Banco de la República haya vendido el oro colombiano y no esté comprándolo en las regiones.

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