La cifra de muertes violentas, compartida en medios locales como la televisora Ecuavisa, indica que el país puede cerrar el año con una tasa superior a 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, consolidando a 2025 como el año más sangriento desde que existen registros oficiales.

El plan del Ejecutivo, basado en el despliegue masivo de policías y militares y en la captura de cabecillas criminales, no ha logrado frenar la violencia.

Aunque se reportan 16 jefes detenidos, las masacres y asesinatos se mantienen en aumento.

El investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos Luis Córdova, advirtió que la política de seguridad se ha centrado únicamente en la represión, sin fortalecer instituciones clave como la Fiscalía o las investigaciones.

De acuerdo con Córdova, el Gobierno sostiene el éxito del Bloque de Seguridad, aunque, por otro lado, recurre a asesorías privadas como la del exmilitar estadounidense Erik Prince, lo que evidencia la falta de una estrategia estructural.

El presidente Noboa decretó en enero de 2024 la existencia de un conflicto armado interno, una determinación cuestionada por la Corte Constitucional y otras instituciones.

El mandatario reconoció que el combate contra el crimen “no es una guerra fácil” y aseguró que las economías ilícitas cuentan con respaldo político y judicial.

Entretanto, siete mil efectivos fueron desplegados desde el lunes en la provincia costera de Guayas para reforzar los operativos en ese territorio, que acumula más de tres mil 300 homicidios.

Paralelamente, la prensa local reportó que en Portoviejo, provincia de Manabí, un atentado durante una fiesta infantil dejó dos muertos, entre ellos un bebé, y dos mujeres heridas.

Horas más tarde, el comunicador Fernando Álvarez, conocido por sus denuncias sobre corrupción y violencia local, fue asesinado en Salitre, Guayas, donde bandas como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones se disputan territorios del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

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