Las manifestaciones, que se extendieron durante un mes, del 22 de septiembre al 22 de octubre, tuvieron su epicentro en la provincia de Imbabura, en la sierra central, aunque en otros sitios del país, como la capital, hubo movilizaciones.

El portal digital Primicias precisó que el 57 por ciento de los procesos investigativos responden a la paralización de un servicio público, pues una de las acciones más comunes de los manifestantes fue el cierre de las carreteras, y hay 11 investigaciones por supuesto daño a bien ajeno.

Por otro lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que lideró el levantamiento, y otras organizaciones de defensa a los derechos humanos denunciaron la represión excesiva de policías y militares, motivo por el que están abiertas 10 causas.

El medio de comunicación precisó que por estar en etapa reservada no se puede conocer cuántos uniformados están bajo investigación.

Las movilizaciones dejaron tres muertos, dos de ellos indígenas kichwas que murieron tras impactos de bala aparentemente provenientes de los efectivos policiales o militares, y cientos de heridos.

El Gobierno calificó a muchos de los detenidos como vándalos o terroristas y la medida que elevó el precio del diésel sigue vigente. “La respuesta militar a las protestas sociales, junto con la recurrente declaración de estados de excepción desde enero de 2024, son incompatibles con la obligación del Estado de proteger y facilitar el derecho a la manifestación pacífica», señalaron expertos de la ONU en un pronunciamiento desde Ginebra.

Mientras el presidente Noboa ha expresado agradecimiento a la Policía y las Fuerzas Armadas por su actuación durante el paro, los representantes del organismo internacional denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza, con la utilización de gases lacrimógenos y municiones letales.

Los relatores de la ONU manifestaron preocupación por «el grave deterioro de las libertades fundamentales y del espacio cívico, así como de los derechos de los pueblos indígenas», incluidas restricciones a los derechos de asociación, reunión y expresión.

El 22 de octubre pasado, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, anunció el cese del paro nacional debido a la “brutal represión”.

El levantamiento fue convocado contra la eliminación del subsidio al diésel, a lo que se sumaron las quejas por el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la implementación de proyectos extractivos sin el consentimiento indígena y otros reclamos.

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