En conferencia de prensa llamada La Ronda, el mandatario expresó que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (Banca Alfaro) confirmó que los cargos electos en 2023 no pueden anularse y que los resultados están ratificados.

La Corte Constitucional acaba de confirmar que el ataque judicial a los resultados comiciales y a las instituciones democráticas sigue siendo un riesgo latente y advierte al juez responsable (Fredy Orellana) de evitar acciones que constituyan prevaricato, añadió el jefe de Estado.

Existe una articulación de intereses oscuros que buscan entorpecer por todos los medios las acciones positivas de este Gobierno que realizan con transparencia, dejando en el pasado la opacidad que servía de manto a la corrupción, subrayó.

Quienes impulsan estos ataques no quieren que ese flagelo se acabe, que haya servicios dignos, que los proyectos de bienestar colectivo funcionen, remarcó el político de 67 años desde el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Ejecutivo.

El llamado que hice el domingo en cadena radiotelevisada no fue en vano, afirmó Arévalo, quien agradeció a aquellos que se manifestaron dentro y fuera del país en defensa de la decisión soberana del pueblo.

Instó a todos los sectores de la sociedad chapina y a la comunidad internacional a seguir alertas para impedir que estos intentos (del MP) antidemocráticos avancen.

Advirtió que a medida que el calendario le sigue restando días al régimen de la impunidad saldrán con más ataques, en abierta referencia a las elecciones de 2026 para definir los cargos máximos del ente investigativo, entre otros.

Buscan retorcer las leyes y los resultados electorales, construir falsos casos, unos espurios contra funcionarios de Gobierno como en el de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, describió el presidente.

Persiguen además disfrazar de justicia una persecución política como con los exlíderes indígenas de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán Luis Pacheco y Héctor Chaclán, amplió el mandatario.

Cada uno de los casos a los que les están dando relevancia están basados en una estrategia de desestabilización conocida como “lawfare” (guerra judicial, aseveró el sociólogo de profesión y exdiplomático.

Por otro lado, calificó de positivo que la Corte Suprema de Justicia decidiera iniciar el proceso para examinar la conducta y determinar si es procedente la destitución del proscrito juez Orellana.

Arévalo opinó que es procedente su remisión, “las pruebas son claras y presentaremos quejas, recursos administrativos y acciones legales adicionales ante la supervisión de tribunales y ante las Cortes”.

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