En el Debate de la Asamblea General sobre el informe de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Hermida recordó que desde 1947 la Corte ha tratado cerca de 200 causas, y actualmente tiene 25 en curso, lo que demuestra su relevancia creciente, aunque enfrenta limitaciones presupuestarias que obstaculizan su labor.
Hermida destacó que el aumento de casos y solicitudes de opiniones consultivas refleja una mayor confianza de los Estados en la CIJ, pero advirtió sobre el riesgo de erosión del derecho internacional cuando algunos países desconocen sus fallos o aplican selectivamente las normas jurídicas.
“La autoridad del derecho internacional se debilita cuando prevalece el doble rasero”, afirmó el diplomático, quien subrayó que la prominencia de la Corte confirma la demanda mundial de soluciones pacíficas y legales a los conflictos.
Nicaragua, precisó, ha recurrido en 15 ocasiones a la CIJ y participa actualmente en el caso relativo a las presuntas infracciones de obligaciones internacionales con respecto al Territorio Palestino Ocupado (Nicaragua c. Alemania), proceso en el cual ya presentó su Memoria en julio pasado.
El representante señaló que para muchos países en desarrollo acudir a la CIJ implica una carga financiera considerable, lo cual limita el acceso a la justicia internacional. En ese sentido, llamó a revisar el funcionamiento del Fondo Fiduciario del Secretario General destinado a apoyar a los Estados con menos recursos.
También exhortó a las naciones a realizar contribuciones voluntarias a dicho fondo, ya que —según informes recientes— no se han registrado aportes durante el último período examinado.
Hermida reconoció los avances administrativos de la Corte, como la creación de un comité especial de tres jueces para supervisar la aplicación de medidas provisionales, y propuso incluir sus informes en los reportes anuales presentados ante la Asamblea General.
Asimismo, destacó la relevancia de las opiniones consultivas, especialmente la relacionada con las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático, que reafirma la responsabilidad de limitar las emisiones y prevenir daños significativos al medio ambiente.
“La CIJ recordó que el incumplimiento de estas obligaciones constituye un hecho internacionalmente ilícito”, subrayó el diplomático.
Enfatizó que el estado de derecho internacional atraviesa un momento crítico y que no deben permitirse retrocesos que debiliten los principios básicos de convivencia entre los Estados.
“Los presupuestos para promover la paz deben reflejar el mismo compromiso que los destinados a la carrera armamentista”, afirmó.
Finalmente, reafirmó que Nicaragua ha cumplido siempre con sus obligaciones internacionales y confía en la reciprocidad de los demás Estados en el respeto al derecho y las decisiones judiciales internacionales.
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