A las turbulencias alrededor de Valencia, el noreste de España, por la dimisión de su presidente y líder regional del conservador Partido Popular (PP), Carlos Mazón, se suman los procesos judiciales contra el Fiscal General del Estado y el novio de la titular de Madrid.

En todos los casos, la polarización entre el PP, al lado de la ultraderecha de Vox, con el Gobierno encabezado por el presidente, Pedro Sánchez, se acentúa, con un reparto de culpas que no visualizan un porvenir claro.

Todavía presidente en funciones de la Generalitat de Valencia, Mazón desapareció del foco mediático, pero el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, tuvo un acercamiento con el mandamás de Vox, Santiago Abascal, en busca de consensos para nombrar un sustituto.

Feijóo quiere evitar someter a elecciones a una de las Comunidades Autónomas más influyentes de España, mientras Abascal analiza si vale la pena darle su espaldarazo por el mero hecho de bloquear un eventual ascenso de la izquierda valenciana.

En paralelo, las declaraciones ayer de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, figura del PP y presidenta de la Comunidad madrileña, trataron de enfilar su defensa en un ataque al Fiscal General, a quien señala de “matarlo políticamente”.

Además, con la afirmación de que tendría que irse de España o suicidarse, cuando en realidad es investigado por defraudar al fisco y malos manejos en negocios bastante turbios.

Amador, que no es político, basa su estrategia en ir contra el jefe del Ejecutivo Nacional y asociarlo con una presunta trama en contubernio con el Fiscal General, quien supuestamente recibía órdenes de Sánchez para perjudicarlo.

La ecuación, en realidad, es la misma en todos los escenarios, los ataques de la derecha liderada por el PP contra el gobernante y sus colaboradores, además salpicados por otras investigaciones que apuntan a expedientes de corrupción de ex dirigentes socialistas.

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