El plazo fue anunciado anoche por el presidente José Jerí, en declaraciones a una cadena norteamericana de televisión, en las que agregó que decidirá al informe de la Cancillería, cuyo titular, Hugi de Zela, anunció que es sometida a un análisis jurídico.
La espera tiene como contexto ataques mediáticos contra la ex primera ministra del breve gobierno de Pedro Castillo, que soslayan los motivos declarados por la joven abogada, quien había denunciado la falta de imparcialidad, como coacusada, junto a, Castillo, del delito de rebelión.
Dos ex cancilleres sin afinidad política con la asilada, Óscar Maúrtua, embajador de carrera en retiro, y Francisco Tudela, quien ejerció el cargo durante el gobierno de mano dura de Alberto Fujimori, desaconsejaron la negación.
Maúrtua señaló que la decisión debe ser determinada por los artículos de la constitución peruana y de la Convención de Asilo de 1954, de la que son firmantes Perú y México, que indican que el Estado asilante califica como tal al ciudadano asilado.
Tudela, por su parte, apuntó que por otro lado está el artículo de la convención según el cual es ilícito asilar a quienes son juzgados o han sido sentenciados por delitos comunes, pero esta opción implica el riesgo de que Perú sem envuelva en un litigio internacional, lo cual “no sé si valdría la pena”.
La campaña en contra destaca las declaraciones de políticos de derecha extrema que sostienen que, pese a las normas del asilo que excluyen la posibilid ad de negar el salvoconducto que permita a Chávez viajar a México protegida por el asilo otorgado por ese país.
Dos de esos legisladores, Ernesto Bustamante y Edward Málaga, llegaron a pedir que la embajada de México sea asaltada para apresar a quien llaman prófuga, emulando lo perpetrado por el gobierno de Ecuador.
Ambos recibieron en la red X una avalancha de repudio y de reproches y, por el contrario, crecen las opiniones, según las cuales el transcurso del juicio a Chávez y Castillo no ha ido estrictamente imparcial, lo cual argumentó la defensa al pedir el cambio de los miembros del tribunal.
“A mis enemigos: su fracaso se nota en el ruido que hacen. El gobierno monta un show para esconder su incompetencia y usar la ‘justicia’ como arma. Aquí no existe imparcialidad: jueces y fiscales responden a órdenes, no a la ley. No me van a silenciar”, escribió Chávez en la red X.
Y le dio la razón el influyente periodista César Hildebrandt, quien la confrontó con dureza políticamente en una reciente entrevista y tras su asilo comentó:
“Si Castillo, habiendo sido presidente, ha sido tratado judicialmente como ha sido tratado, México ha considerado que lo que le espera a Betssy Chávez es un proceso aun más desprolijo y en condiciones aun más abusivas y en condiciones impuestas por jueces provisionales que parecen seguir consignas políticas, antes que ceñirse a las normas del derecho.”
Juan Sheput, un veterano político de centro-derecha, apuntó que la ruptura de relaciones con México por el asilo de Chávez “es desproporcionada e inútil y revela que el gobierno y la cancillería se rigen por emociones antes que por razones de Estado”.
El catedrático Gustavo Arévalo, especializado en derecho internacional, advirtió que “no hay mucho margen jurídico de acción” para el Estado peruano, que debe otorgar salvoconducto a Chávez.
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