La espera por la decisión se caracteriza por una campaña de medios de prensa conservadores que incluyó la convocatoria a una concentración ante la embajada de México contra la entrega del salvoconducto que saturó las redes de Internet.
Solo acudieron siete personas, seis mujeres y un hombre, portando carteles, uno de ellos insultante contra México, y una de los cuales gritaba consignas con un megáfon, ante miradas impasibles de caminantes y automovilistas.
Al múltiple reconocimiento de que lo legal, según la convención de asilo y la constitución peruana, es el otorgamiento del salvoconducto, se sumó el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, también exministro de Justicia y exrepresentante ante las Naciones Unidas.
El jurista, de posición política adversa a la asilada, dijo que debe otorgarse el asilo, por ser una obligación jurídica, pero pidió investigar resposabilidades de lo que dio lugar a la orden de libertad de Chávez emitida por el Tribunal Constitucional porque seguía encarcelada después de cumplir el plazo de su prisión preventiva.
Una de las pocas voces que insiste en pedir que el Gobierno niegue el salvoconducto es Javier González-Olaechea, un político de derecha extrema que fue canciller fugaz de Dina Boluarte, presidenta recientemente destituida por permanente incapacidad moral.
El exministro alega que la convención de asilo suscrita por México y Perú considera, a modo de reflexión o sugerencia, ilícito asilar a quien esté sometido a un proceso penal o sentenciado.
La mayoría de los juristas señala que la convención establece por el contrario claramente que solo el Estado que otorga determina que procede el asilo y el país del asilado debe aceptarlo y extender el salvoconducto con celeridad.
La decisión final la tomará el presidente Jerí, quien ha adelantado que se limitará a ejecutar lo que determine el análisis encargado por el canciller Hugo de Zela a juristas de su ministerio, lo que fuentes de este señalan que el suspenso respondería a presiones políticas.
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