“Nuevamente la junta de control fiscal anuncia de forma discriminatoria el otorgamiento de un incentivo a empleados públicos de solamente 14 agencias”, afirmó el presidente de la CPT, Emilio Nieves Torres, al reaccionar al anuncio.
El director ejecutivo del ente fiscal, Robert Mujica, reveló que se destinarían 18 millones de dólares para bonificación a funcionarios gubernamentales afiliados a la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipios (Afscme), que tiene el respaldo del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), de gobierno.
“La junta otorga un incentivo para castigar a los trabajadores y organizaciones sindicales de más de 80 agencias y corporaciones públicas que no estuvimos dispuestos a avalar un plan fiscal que congela salarios y la negociación colectiva, que recorta fondos a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios”, planteó el dirigente sindical.
Nieves Torres acusó al organismo de destruir el Sistema de Retiro de Maestros y de imponer medidas de austeridad y privatización en el servicio público.
“Robert Mujica es un antiobrero y revanchista al anunciar una bonificación que excluye a la mayoría de los empleados públicos; la realidad es que a todos los trabajadores y trabajadoras en el servicio público nos han impuesto las mismas medidas de austeridad, estancamiento salarial y eliminación de derechos”, afirmó el presidente de la CPT.
Indicó que esta bonificación que se anuncia es por unos sobrantes producto de los recaudos del gobierno de Puerto Rico en el pasado año fiscal, lo que implica que los recaudos superiores a lo proyectado por el Plan Fiscal se utilizan para un incentivo a algunos empleados públicos y el pago adicional a los acreedores.
“Esto es un truco de proyectar menos recaudos, provocar un superávit y aumentarles las ganancias a los bonistas, escudándose con el incentivo a empleados públicos. Robert Mujica no anuncia cuántos empleados públicos se benefician de este incentivo y a cuántos se lo niegan; tampoco cuánto de ese sobrante en recaudos se dirige a los bonistas”, insistió Nieves Torres.
Explicó que en años anteriores, ante esta situación discriminatoria, el gobierno ha otorgado incentivos a los demás empleados públicos y, aunque la Ley 26 de 2017 establece un Bono de Navidad de 600 dólares, se ha pagado un bono de mil dólares basado en el exceso en los recaudos y otros fondos especiales disponibles.
El dirigente gremial se preguntó cuál es la posición de la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, respecto a este asunto, si a favor de las medidas injustas de la junta de control fiscal o del reclamo justo de los demás empleados públicos.
“Todos en Puerto Rico sabemos, con datos, que la junta de control fiscal nos ha costado más de dos mil millones de dólares en fondos públicos y ha fracasado en garantizarle al pueblo los servicios esenciales y un verdadero desarrollo económico”, insistió.
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