Gobierno de Guatemala entregó más de 350 denuncias por corrupción

Ciudad de Guatemala, 12 nov (Prensa Latina) El Gobierno de Guatemala entregó al Ministerio Público (MP) desde inicios del 2024 hasta hoy 358 denuncias por supuesta corrupción, según la plataforma pública lanzada por la Comisión Nacional contra ese flagelo.

En investigación están 242 (alrededor del 67,6 por ciento), 63 desestimadas, 18 archivadas, cuatro cerradas mediante criterios de oportunidad, solo una con orden de aprehensión y otra en la fase de condena, detalló ese mecanismo vigente desde mayo del pasado año.

Con el sector administrativo guardan relación 131 denuncias, salud (59), infraestructura (45), seguridad (43), trabajo (16), educación y desarrollo social (14), respectivamente, entre otros.

Ante el señalado intento de encubrimiento por parte del MP y una pregunta de la prensa local, el presidente del país, Bernardo Arévalo, reiteró que ningún caso quedará sin atención ni castigo.

El mandatario subrayó que el combate a esta problemática es una responsabilidad compartida, la cual demanda acciones sostenidas desde todas las dependencias del Estado.

“Estamos frente a un fenómeno que se ha consolidado durante más de dos décadas de asalto al poder; por ello, asumimos la obligación de enfrentar esta estructura que ha dañado las instituciones”, remarcó el jefe de Estado.

Arévalo explicó que cada denuncia se revisa con rigor y se traduce en medidas concretas que permitan sancionar a los responsables y prevenir nuevas irregularidades.

“Todos los casos serán objeto de atención, sanción y análisis para determinar qué medidas tomar”, aseveró el político de 67 años.

Los esfuerzos del Ejecutivo enfrentan limitaciones estructurales, debido a que “las instituciones de control y justicia están cooptadas”, consideró el fundador de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín.

Esa situación ha impedido que las denuncias ante el MP y las iniciativas de ley anticorrupción avancen con la rapidez esperada, añadió, citado por el oficial Diario de CentroAmérica.

“El Gobierno tiene la obligación de mantener el esfuerzo, aunque su capital político ha disminuido, en parte porque la población esperaba una respuesta frontal ante los grupos corruptos”, comentó Marroquín.

Mientras el presidente promueve una estrategia institucional y de largo plazo, la ciudadanía demanda acciones visibles y directas, enfatizó.

oda/znc

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