Según Vivian Hidrobo, coordinadora de la Alianza, el equipo que trabajó en las protestas registró el uso abusivo de la violencia estatal contra manifestantes, comunidades, dirigentes sociales y población de diferentes ciudades del país.

Señaló que, aunque el Gobierno ha escondido las verdaderas cifras sobre el número de detenidos en las movilizaciones, identificaron 206 personas aprehendidas, 473 heridas, al menos 25 graves, 16 desapariciones temporales y dos fallecidos por uso de la violencia pública.

“Señalamos que estos datos son un subregistro, porque (…) el Estado, que debía darnos todos los días cifras (…) omitió su deber de transparentar y tampoco la Defensoría del Pueblo cumplió en este paro nacional con su rol”, sostuvo Hidrobo.

El informe sobre lo ocurrido en el levantamiento, presentado este miércoles, agrega que el 75 por ciento de los incidentes de violación de derechos humanos ocurrieron en las provincias de Imbabura y Pichincha, en el cento norte del país.

Por su parte, la presidenta encargada de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador, Sisa Cotacachi, denunció que el Gobierno atacó en todo momento a las comunidades, incluso con armas de fuego, y rechazó las acusaciones del Ejecutivo que acusó a los manifestantes de terroristas.

La defensora de derechos humanos María Espinosa se refirió a las causas del paro que, según afirmó, tienen que ver con un debilitamiento muy claro de los espacios cívicos y democráticos en el país, con una concentración del autoritarismo estatal en manos del Ejecutivo.

Cuestionó también cómo desde la administración de Noboa se promueve un discurso de odio, racista, que busca posicionar a los pueblos del lado del terrorismo y el crimen organizado.

Espinosa aseveró las consecuencias del paro siguen, pues hay un alto número de manifestantes, dirigentes y de defensores de derechos humanos que hoy tienen causas en su contra por delitos como terrorismo, paralización de servicios públicos, incitación, que son tipos penales desproporcionados.

Martha Tuquerres, presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, subrayó que la lucha no fue solo por el alza del precio del diésel, sino por toda la política económica del Gobierno, pues la mayoría no puede acceder siquiera a la canasta básica.

Durante 31 días, Ecuador vivió una ola de protestas impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en rechazo al fin del subsidio al diésel y otras medidas del Ejecutivo.

La acción de la fuerza pública en las manifestaciones dejó un total de tres muertos, Efrain Fuerez, José Guamán y Rosa Paqui, esta última falleció como consecuencia de los gases lacrimógenos y los dos jóvenes indígenas por impactos de bala.

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