La primera de las cuatro preguntas del referéndum de este 16 de noviembre, impulsado por el presidente Daniel Noboa, plantea autorizar el establecimiento de bases o instalaciones extranjeras con fines militares en el país.

De aprobarse, Ecuador podría permitir el uso de su infraestructura por parte de fuerzas foráneas mediante acuerdos temporales o permanentes.

Noboa sostiene que la reforma permitiría fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, y asegura que el país no perderá soberanía.

“Yo prefiero morirme antes de regalar a mi país. Eso jamás va a pasar, pero sí se necesita cooperación de otros países porque la criminalidad es trasnacional”, mencionó el presidente en un acto de campaña.

Sin embargo, organizaciones sociales, indígenas y movimientos políticos que impulsan el No advierten que significaría abrir la puerta a agendas externas.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) considera que la medida no combate el narcotráfico, sino que protege intereses foráneos, mientras que otros sectores alertan que podría utilizarse para el control interno de la población.

El investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, Luis Córdova, recordó que durante la presencia de la base estadounidense en Manta, entre 1999 y 2009, “os resultados no fueron determinantes y que un país con base extranjera termina compartiendo sus intereses.

A pesar de que el artículo cinco de la Constitución vigente prohíbe expresamente la presencia militar extranjera, el Gobierno ecuatoriano firmó con Estados Unidos un acuerdo que permite la cooperación de agencias federales de Washington en territorio nacional.

Según la exasambleísta Gisella Garzón, que lideró la comisión parlamentaria que analizó el tema, esos convenios son ejemplo de que “no existe ningún artículo en la Constitución que impida cooperar con otros países en materia de seguridad”.

A su juicio, el Ejecutivo busca justificar la reforma con “falsedades y mediocridad”.

El debate se da en medio de un contexto de violencia sin precedentes. Entre enero y octubre de 2025 se registraron más de siete mil 450 asesinatos, pese a los estados de excepción y la militarización decretados por el Ejecutivo.

Respecto a ese asunto, el economista Alberto Acosta, quien fue presidente de la Asamblea Constituyente que redactó el actual texto constitucional, vigente desde 2008, consideró que las bases militares no ayudan al combate al crimen organizado o la delincuencia.

“El afán es acceder a una base militar clave geoestratégica, no para proteger la integridad del Estado ecuatoriano ni combatir el narcotráfico, sino para que Ecuador asuma un papel de peón en este ajedrez de la geopolítica internacional, en donde están empeñados los grandes poderes imperiales”, aseveró en declaraciones a medios de comunicación.

Estados Unidos sigue de cerca el proceso, tanto que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó Ecuador a inicios de noviembre y recorrió, acompañada de Noboa y otros funcionarios del Ejecutivo, instalaciones en Manta y Salinas, posibles ubicaciones de nuevas bases.

A su vez, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, durante una visita a Quito en septiembre pasado afirmó: “Si nos invitan a volver, lo consideraremos muy seriamente”.

Es así que con el recuerdo de Manta aún presente, Ecuador deberá decidir si, en nombre de la seguridad, está dispuesto a ceder soberanía.

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