En la presentación del instrumento, el mandatario subrayó que gracias al trabajo de muchas personas concluye un proceso de diálogo, consulta y construcción colectiva que comenzó en 2016 a partir de una sentencia de dos años ante una corte.

Remarcó que la Política Pública de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos busca garantizar una transformación real y duradera del Estado chapín, acorde con una declaración de Naciones Unidas adoptada en 1988.

Arévalo recordó que su Gobierno se propuso rescatar la iniciativa, deliberadamente engavetada durante más de cinco años, con la plena conciencia de que es urgente ponerla a funcionar ante el actual escenario.

Después de los procesos de democratización impulsados a mediados de los años ochenta y del fin del conflicto armado interno en 1996 pensamos que la violencia y la represión serían síntomas de un malestar que habría quedado en el pasado, reflexionó el político.

Sin embargo, aseveró, aún enfrentamos niveles serios de amenaza, agresión y criminalización a personas que defienden y promueven el respeto de los derechos humanos frente a actores y redes criminales, a veces incluso incrustados en instituciones del Estado.

Refirió una relación directa entre el proceso de cooptación institucional y el aumento de casos de criminalización de dirigentes y autoridades indígenas, campesinas, ambientalistas, estudiantes universitarios, activistas, académicos, periodistas, abogados, entre otros.

Las estadísticas muestran picos intolerables para 2022 y más aún para 2023, un año en el que el futuro de Guatemala estaba en juego (con las elecciones generales), describió.

En el último se registraron más de nueve mil agresiones, de las cuales cerca de mil 500 fueron dirigidas contra periodistas y comunicadores sociales, amplió el abanderado del partido Movimiento Semilla.

Aseguró que su Ejecutivo tiene la voluntad política y está haciendo los esfuerzos necesarios para contener cualquier agresión contra la persona defensora de derechos humanos.

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