“Pedir la inmediata suspensión del cargo de todos los autoprorrogados”, estableció la conclusión central de la mesa número uno, expuesta durante la plenaria al final de los análisis en comisiones.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, aseguró que las cuatro mesas de trabajo (Normativa, Presupuesto, Modernización Tecnológica y Carrera Judicial) coincidieron en que el país requiere modificaciones profundas, nuevos marcos legales y un esquema de financiamiento estable que permita garantizar independencia judicial.

Advirtió Saucedo que, aunque una reforma constitucional es indispensable, ese proceso será de largo plazo.

Sin embargo, sostuvo que avanzar hacia una Ley del Órgano Judicial renovada podría sentar las bases para un sistema independiente y con recursos acordes a su carga laboral.

Entre las propuestas normativas se incluyó la creación de un Procedimiento Agroambiental, la revisión integral de la Ley de Deslinde Jurisdiccional; la actualización del Código Civil y la adopción de un Código Único del Sistema Penal.

Igualmente, se sugirieron ajustes en legislación laboral y social para mejorar la celeridad de los trámites.

La comisión a cargo de Presupuesto, propuso que el Órgano Judicial reciba al menos el cinco por ciento del Tesoro General de la Nación (TGN), cifra que, de acuerdo con las conclusiones dadas a conocer, debe estar garantizada por ley.

Se planteó, asimismo, asignar recursos específicos para la Justicia Indígena Originaria Campesina, en la cual, según Saucedo, existe una “deuda histórica” por falta de condiciones materiales para su funcionamiento.

En la esfera tecnológica, los participantes señalaron la necesidad urgente de unificar los sistemas informáticos y crear una unidad nacional especializada en justicia digital.

Al respecto, se informó que, actualmente, operan más de 50 plataformas dispersas, que, de acuerdo con el diagnóstico presentado, se convirtieron en un obstáculo para jueces y otros servidores de esta esfera.

La mesa que debatió sobre la Carrera Judicial, propuso avanzar hacia una Ley de Carrera Judicial Vertical que garantice ascensos por méritos, desde secretarios hasta magistrados.

También se planteó normar por ley la evaluación del desempeño e incorporar criterios de formación, antigüedad y especialización en el escalafón.

Durante la clausura, se informó que la magistrada del TCP Amalia Laura Vilca, elegida por votación popular, presentó un proyecto de ley para definir el Régimen Transitorio de esa institución, documento que será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración.

Presente en los debates, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que la transformación estructural del sistema judicial es la tarea más urgente y decisiva para el país, y sostuvo que ese proceso no depende únicamente de la voluntad gubernamental, sino de un mandato directo expresado por la ciudadanía en las urnas.

Sobre esa base, pidió una reforma de raíz para acabar con la justicia sometida al poder político.

“El futuro de Bolivia depende de la integridad de quienes ejercen la justicia. Con ustedes, con su independencia y con su valentía, comienza la nueva justicia para Bolivia. Por donde veo huele mal, por donde veo hay corrupción: esto es una cloaca y depende de nosotros acabar con ese Estado tranca”, concluyó.

lb/jpm