El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa celebrada en la sede del Ministerio de Información en Damasco, donde la Comisión presentó sus conclusiones preliminares sobre los hechos, incluidos casos de incitación al odio, desplazamiento forzado e infracciones graves, informó la agencia estatal SANA.
El presidente del comité, Hatem Al-Naasan, subrayó que los detenidos han sido puestos a disposición judicial para completar los procedimientos legales correspondientes, y agregó que la investigación se llevó a cabo sin presiones ni instrucciones de ninguna institución del Estado sirio y que tanto Defensa como Interior colaboraron plenamente con los investigadores.
Explicó que el comité no pudo acceder a la ciudad de Sweida ni a algunos otros lugares clave, por lo que solicitó una prórroga de dos meses a su mandato para completar las pesquisas.
Al-Naasan señaló que el trabajo del comité complementa el de la comisión internacional de investigación, con la cual sostuvo reuniones.
Destacó que la comisión internacional elogió la metodología empleada por el equipo sirio y consideró que permitir su ingreso demuestra el compromiso del Estado con la rendición de cuentas.
El jefe del comité afirmó que los investigadores actuaron “con meticulosidad e imparcialidad, sin favorecer a ninguna de las partes”.
El equipo visitó distintas zonas, entre ellas las localidades de Jaramana y Sehnaya, en las afueras de Damasco, además de los lugares donde ocurrieron los ataques.
Al-Naasan destacó que un equipo técnico especializado verificó la autenticidad de los vídeos difundidos en redes sociales, lo que llevó a la detención de varias personas que habían generado controversia en estas plataformas.
Sobre rumores de la presencia de combatientes extranjeros durante los sucesos de Sweida, Al-Naasan afirmó que no existe ninguna evidencia que respalde esa información. Todos los testimonios recopilados por la Comisión niegan su presencia.
El funcionario recordó que el comité actúa en cumplimiento de la Resolución Nº 1287 de 2025 del ministro de Justicia, y sus tareas incluyen investigar exhaustivamente todas las denuncias de violaciones graves, recibir quejas de civiles e identificar a los presuntos responsables.
Asimismo, agregó, las de determinar responsabilidades individuales, directas o indirectas, y formular recomendaciones legales para evitar la repetición de hechos similares en otras regiones del país.
El presidente del comité afirmó que esos trágicos sucesos, que provocaron pérdidas humanas y materiales, desplazamiento forzado y propagación de discursos de odio, no pueden ser abordados con medidas superficiales, sino con un proceso de investigación riguroso que garantice justicia para las víctimas.
Concluyó que la Comisión actúa en estricto cumplimiento de su obligación legal de esclarecer la verdad y asegurar la rendición de cuentas en conformidad con los estándares internacionales.
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