“Existen los suficientes elementos sobre la autoría de estos delitos denunciados, así como peligros de fuga y obstrucción. Por ello se ejecutó la aprehensión de Huarachi (…)”, aseguró el fiscal anticorrupción Aldo Meza.
Añadió que la imputación va a estar debidamente fundamentada y respaldada, “evidentemente en base a los principios de necesidad y de proporcionalidad se va a determinar el plazo que va a solicitar la detención preventiva”.
Reveló el representante del Ministerio Público que, dentro de las pesquisas, hay un indicio que vincula al procesado por corrupción exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz, quien presuntamente le entregó 40 mil bolivianos (casi seis mil dólares).
Precisó que el caso se inició el 17 de octubre último y que la decisión de emitir el mandamiento de aprehensión se sustentó en la existencia de elementos de convicción, además de riesgos procesales.
De acuerdo con Meza, esta información proviene de una testigo convocada en un caso anterior, que también mencionó a otras autoridades, y ahora se indaga si estos presuntos pagos no solo provinieron de ese ministerio, sino también de otras instituciones públicas.
La autoridad subrayó en conferencia de prensa que, por el momento, el único investigado formalmente en este proceso es Huarachi, aunque no descartó ampliarlo contra otras personas en dependencia de los resultados de los requerimientos enviados a distintas instituciones.
Recordó el fiscal que la institución tiene 24 horas para presentar la imputación formal, tras lo cual un juez cautelar definirá la situación jurídica del exdirigente sindical.
El plazo de la solicitud de detención preventiva será determinado una vez concluida la revisión de los documentos presentados por la defensa.
Según la denuncia, el exejecutivo de la COB habría influido de manera “dolosa” en la concesión de contratos en distintas instituciones, favoreciendo a particulares y empresas, hechos que aún se encuentran bajo análisis del Ministerio Público.
Huarachi asumió la conducción de la COB en febrero de 2018, y pese a que la gestión en ese cargo es de dos años, mantuvo el control del ente matriz de los trabajadores hasta el 9 de octubre de 2025, cuando dejó el mando.
Durante el cargo, mantuvo cercanía con el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al final del mandato de Evo Morales, aunque durante el golpe de Estado de noviembre de 2019 le retiró el apoyo y le pidió que renunciara.
En el Gobierno de Jeanine Áñez (2019-2020) cohabitó armónicamente con Áñez y su ministro de Gobierno Arturo Murillo, y entre 2020 y 2025 actuó de manera afín al presidente Luis Arce.
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