El presidente de esa asamblea, Hugo Motta, confirmó el sufragio, a pesar de la falta de consenso entre los parlamentarios del gobierno y la oposición en varios puntos de la oferta.
«La seguridad pública exige firmeza, pero también garantías y eficiencia institucional. Por lo tanto, se incluye en la agenda de mañana (martes) y la Cámara de Diputados votará el Marco Legal para Combatir la Delincuencia Organizada», subrayó.
En redes sociales, Motta afirmó que el análisis del proyecto de ley representa «la respuesta más contundente en la historia del Parlamento en la lucha contra el crimen organizado».
Avancemos con la responsabilidad y la urgencia que este asunto requiere, señaló.
La semana pasada, el impulsor de la propuesta, el diputado Guilherme Derrit, quien dejó temporalmente su cargo como secretario de Seguridad Pública de Sao Paulo para asumir la tarea, presentó la cuarta versión de su veredicto sobre el proyecto.
Por supuesto, no se descarta un nuevo informe y sería el quinto.
Se espera que el Partido Liberal (PL), el opositor al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, vote a favor del ofrecimiento, considerando que Derrite ha logrado algunos avances en su dictamen, pero aún pretende equiparar los actos cometidos por miembros de facciones criminales con el terrorismo.
El PL también presentó propuestas, sugerencias de cambios al proyecto, para prohibir las audiencias de custodia en casos de arresto en flagrante delito de miembros de las facciones.
Una audiencia de custodia es un procedimiento rutinario que realiza después de que una persona es arrestada por la policía.
Jueces pueden determinar la detención preventiva, decidir la libertad o definir otras medidas como el arresto domiciliario y el uso de una cámara de vigilancia electrónica.
El líder del gobernante Partido de los Trabajadores en la Cámara baja, Lindbergh Farias, criticó, por su parte, puntos de la propuesta que, en su opinión, podrían obstaculizar la labor del Servicio Federal de Ingresos en la lucha contra el crimen organizado.
Según Farias, la nueva versión, presentada por Derrite el mes pasado, desmantela la política de descapitalización de facciones y elimina las medidas cautelares especiales previstas en el proyecto original enviado por el Gobierno.
Después de la reciente megaoperación policial más letal de la historia de Brasil, que dejó 121 muertes en dos favelas de Río de Janeiro, se multiplica el apoyo a propuestas de mano dura contra las bandas criminales.
mem/ocs
