El exdirigente sindical permanece en ese encierro pendiente de que un juez decida si se defiende en libertad o tras las rejas.
La Fiscalía formalizó la imputación contra Huarachi este martes por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito.
El representante del Ministerio Público solicitó a la autoridad jurisdiccional la aplicación de la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro, en La Paz.
“Conforme los antecedentes del Cuaderno de Investigaciones (…) existen riesgos procesales de fuga y de obstaculización. (…) Solicito a su autoridad la aplicación de medidas cautelares personales, la detención preventiva del ahora imputado por un periodo de seis meses (sic)”, expresa el documento rubricado por el fiscal anticorrupción Aldo Meza.
Huarachi fue aprehendido la víspera cuando se presentó a declarar, según afirmó la representación del Ministerio Público.
Reveló el representante del Ministerio Público que, dentro de las pesquisas, hay un indicio que vincula al procesado por corrupción exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz, quien presuntamente entregó 40 mil bolivianos (casi seis mil dólares) a Huarachi.
“Hay testigos que están siendo citados -dijo el fiscal-, porque aparentemente (Huarachi) no solo habría recibido dinero de ese ministerio, sino también de otras instituciones, como la Caja Nacional de Salud (CNS).
Estas personas están siendo convocadas para tomar su declaración”, ratificó Meza en conferencia de prensa.
La autoridad subrayó que, por el momento, el único investigado formalmente en este proceso es Huarachi, aunque no descartó ampliarlo contra otras personas en dependencia de los resultados de los requerimientos enviados a distintas instituciones.
Según la denuncia, el otrora dirigente habría influido de manera “dolosa” en la concesión de contratos en distintas instituciones, favoreciendo a particulares y empresas, hechos que aún se encuentran bajo análisis del Ministerio Público.
Huarachi asumió la conducción de la COB en febrero de 2018, y pese a que la gestión en ese cargo es de dos años, mantuvo el control del ente matriz de los trabajadores hasta el 9 de octubre de 2025, cuando dejó el mando.
Durante el cargo, mantuvo cercanía con el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al final del mandato de Evo Morales, aunque durante el golpe de Estado de noviembre de 2019 le retiró el apoyo y le pidió que renunciara.
En el gobierno de Jeanine Áñez (2019-2020) cohabitó armónicamente con Áñez y su ministro de Gobierno Arturo Murillo, y entre 2020 y 2025 actuó de manera afín al presidente Luis Arce.
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