El paso previo a la medida que impedirá que los fiscales supremos Zoraida Ávalos, Delia Espinoza, Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez, tengan cargos en el aparato estatal, fue acordado por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Los cuatro son acusados de negarse a acatar un decreto congresal que asignó a la Policia Nacional preeminencia en la investigación de delitos y el dictamen sostiene que al hacerlo violaron la constitución.

Sin embargo, los fiscales sostienen que la defendieron porque la carta magna señala que el Ministerio Público inicia la investigación, la determina y la Policía realiza la investigación operativa.

Los fiscales bajo inminente amenaza de ser defenestrados están en la mira de la mayoría congresal conservadora que, abiertamente, los acusa de actuar políticamente contra políticos.

Esa mayoría solo quiere mantener en la Junta de Fiscales Supremos a Patricia Benavides y Tomás Gálvez, objeto de cuestionamientos éticos y la primera investigada por presuntos acuerdos defendidos por las fuerzas políticas derechistas.

La controversia se expresa también en una orden judicial que deja sin efecto la suspensión de la hasta hace poco fiscal de la Nación, Delia Espinoza, medida dictada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que goza del aval del Parlamento.

Ante la situación, la JNJ anunció que apelará al Tribunal Constitucional para que deje sin efecto el dictamen judicial contra la suspensión de la fiscal Espinoza.

Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Inés Tello -quien tampoco figura entre los afectos del Parlamento-, en un congreso de magistrados, los llamó a defender la independencia del Poder Judicial.

Rechazó además “las expresiones contra el Poder Judicial hechas en eventos o espacios públicos, inclusive desde el poder político”, tácita alusión a ataques del encargado de la presidencia del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

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