Una declaración de la institución transmitió el “más enérgico rechazo y profunda preocupación” ante esos hechos, y los calificó como “un serio atentado contra la seguridad de sus comunidades y los principios que sustentan la educación superior pública del país”.

Según el Conare, las universidades estatales constituyen “espacios de pensamiento crítico, libertad académica, innovación y servicio al bienestar nacional”, por lo que “cualquier intento de coacción o violencia afecta a toda la sociedad costarricense”.

El Conare llamó a las autoridades de seguridad y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a investigar y determinar responsabilidades ante los mensajes intimidatorios de organizaciones violentas.

Los rectores aseguraron que trabajan para fortalecer la seguridad en las universidades, y articular y optimizar los protocolos, en el propósito de defender las buenas prácticas y programas interuniversitarios.

La comunicación del Conare reafirma su compromiso con la democracia y la construcción de conocimiento, y asegura que “no cederemos ante actos que pretendan sembrar temor o desestabilizar la labor universitaria pública”.

Medios de prensa divulgaron la víspera un mensaje sobre una nueva amenaza de ataque contra la UCR, que mantiene en tensión al personal de esa institución docente.

El alto centro docente, que un mes atrás fue advertido sobre una posible agresión a tiros, reforzó ahora las medidas de seguridad en todas sus sedes y recintos.

Las autoridades de la UCR activaron los procedimientos internos correspondientes y presentaron una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial, anuncio el vicerrector de Docencia, Jairol Núñez Moya.

La universidad enfrentó un mes atrás una amenaza de tiroteo atribuida a un grupo internacional conocido como “764”, por lo cual suspendió las actividades académicas, mientras el gobierno encomendó una investigación a la Dirección de Inteligencia y Seguridad y al OIJ.

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