El caso fue abierto por las magistradas electas del TCP Paola Prudencio y Amalia Laura Villca, quienes sostienen que la resolución de los denunciados vulneró la Constitución y facilitó la extensión irregular de sus mandatos que concluían en diciembre de 2023.
“La suscrita fiscal de materia (…) informa el inicio de investigación, en atención a los memoriales de subsanación a la denuncia (…)”, advierte en su resolución la representante del Ministerio Público Jhenny Torrico.
Precisa el escrito que los denunciados son Gonzalo Miguel Hurtado, René Iván Espada; Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Elizabeth Cornejo.
Tras subsanarse los memoriales de observación, el Ministerio Público dio curso a la investigación preliminar que estará a cargo de la Policía Boliviana y busca esclarecer la presunta comisión de los delitos de acoso político contra mujeres y falsedad ideológica.
“La Fiscalía busca esclarecer la verdad histórica y material de los hechos denunciados”, señala el texto.
Implica la disposición adoptada, que los magistrados autoprorrogados más allá de su mandato constitucional desde enero de 2024, sean pesquisados y procesados por la vía ordinaria, conforme al procedimiento penal vigente.
El expediente se abrió después que la denuncia fuera presentada el 12 de noviembre del año en curso ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca por las magistradas electas en los comicios judiciales de diciembre de 2024.
Una anterior demanda penal por usurpación de funciones presentó a inicios de octubre el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, contra la pentarquía de autoprorrogados.
La polémica sobre la legitimidad de esos magistrados con mandato autoprolongado desde enero de 2024 y las nuevas autoridades judiciales se reactivó, luego de que Saucedo exigió en sus redes sociales la renuncia inmediata de sus cinco colegas del TCP y de otros dos igualmente prorrogados en el TSJ, cuyas fotos incluyó en su cuenta de X.
En relación con quienes permanecen en el TCP pese a que su mandato constitucional concluyó el 2 de enero de 2024, advirtió que si no renuncian serán expulsados.
Acusó Saucedo a los autoprorrogados del TCP de causar un “profundo daño a la institucionalidad democrática del país”, en una declaración respaldada por otras cabezas del Órgano Judicial y que generó una declaración ante la prensa de los aludidos con el argumento de que la única vía para la sustitución de autoridades constitucionales es el voto popular.
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