La fiscalía considera que la conducta de Siles, Claudia Castro, Yván Córdoba y el magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Iván Campero se ajusta a esa figura delictiva.

Todas estas exautoridades judiciales fueron denunciadas a mediados del año en curso por, presuntamente, actuar de manera coordinada para presionar a un juez de provincia, con el objetivo de direccionar una Acción de Cumplimiento y suspender la credencial de la magistrada titular Fanny Coaquira, a fin de hacerse del cargo en el TSJ.

Este consorcio presionó al juez Fernando Lea Plaza para que firmara un fallo que facilitara la ejecución de ese plan, sin embargo, al ser descubierto y aprehendido Lea Plaza colaboró con los investigadores y reveló los vínculos.

Sin embargo, este testigo protegido en octubre último murió en su casa ahorcado, en un suceso que las autoridades definieron como suicidio.

Con anterioridad, el caso incluía los delitos de consorcio y tráfico de influencias, pero ahora se amplió el plazo de la pesquisa al incluir en la imputación la sospecha de organización criminal.

El representante del Ministerio Público Fernando Espinosa aseguró en declaraciones a la red Erbol que se determinó ampliar la imputación al considerar que existió coordinación entre los implicados para cometer la presunta ilícita.

Ante esta realidad, todos los implicados fueron citados nuevamente a declarar, pero se acogieron al derecho al silencio.

De los procesados, solo la exvocal Castro cumple prisión preventiva en el penal femenino del barrio paceño de Obrajes, mientras que el exministro Siles y el resto permanecen con detención domiciliaria.

Prófugo y procurado en condición de búsqueda y captura, se encuentra el también abogado Antonio de la Fuente.

El exministro de Justicia Siles (septiembre 2024-junio 2025) fue implicado después que el medio Brújula Digital difundió un audio de una llamada, en la cual el extitular ofreció protección al juez Lea Plaza para que emitiera el fallo instruido por el consorcio.

Al desatarse el escándalo en junio del año en curso, ocurrieron las renuncias de Siles, así como los vocales Córdova y Castro, mencionados también como integrantes del consorcio.

El fiscal Espinosa sostuvo que no se descarta solicitar nuevas medidas cautelares contra los procesados.

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