En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional un contrato suscrito por el Estado y la trasnacional canadiense First Quantum, de la cual Minera Panamá es subsidiaria, que violaba 25 artículos de la carta magna.
Intensas protestas populares que paralizaron al país también obligaron al Ejecutivo a ordenar el cierre de operaciones de la compañía.
Sin embargo, en su habitual conferencia de prensa semanal, desde la localidad de Bugaba (provincia de Chiriquí), el mandatario afirmó que el estudio del tema minero podría rescatar miles de empleos y recuperar el cinco por ciento del Producto Interno Bruto que representa la actividad extractiva.
“ La mina se está considerando de manera muy responsable por mi gobierno, para hacer los anuncios pertinentes (…) confío que dentro del primer trimestre del próximo año”, remarcó el mandatario al hablar de las políticas para enfrentar alto índice de desempleo, situado casi en 10 por ciento.
Para el jefe de Estado, Panamá está viviendo el desempleo que generó el cierre de la mina Cobre Panamá, y afirmó que el cinco por ciento del PIB que representaba “ no es una ficción escrita en un tablero’.
Actualmente la mina se somete a una auditoría integral a cargo del Ministerio de Ambiente.
La propiedad estatal de la tierra y sus minerales es el punto base que ha aceptado First Quantum a pedido de Mulino para suspender arbitrajes internacionales e iniciar negociaciones, en una fecha aún no clara sobre el reinicio de operaciones.
Acerca de la auditoría, un grupo de organizaciones ambientales, incluyendo la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, han denunciado graves deficiencias.
Los activistas sostienen que la inspección carece de la profundidad prometida, lo que podría impedir que se revelen los verdaderos impactos ambientales y sociales de la mina.
Entre los principales cuestionamientos sobresalen el alcance limitado, omisión de puntos claves como la seguridad de las estructuras mineras, los impactos en la calidad del agua y el aire, el cumplimiento de derechos humanos, y las políticas de contratación local.
También señalan falta de transparencia, pues se eliminó la disposición que garantizaba el acceso público a toda la información generada durante el proceso de auditoría y la publicación de un resumen en lenguaje sencillo, lo que incumple lo establecido en el Acuerdo de Escazú.
Esos colectivos enfatizan que una auditoría real, transparente e independiente, es vital para obtener información veraz, fiscalizar el proyecto y prevenir desastres futuros, en lugar de ser un simple trámite que podría justificar una posible reapertura de la mina.
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