En la quinta audiencia, realizada por videoconferencia, los jueces leyeron los cargos por el pago de 127 sobornos que la fiscalía dice fueron entregados en la casa de la exmandataria a partir de dichos de arrepentidos. Su departamento en Recoleta fue el principal centro de acopio del dinero antes de llegar a su casa en Rio Gallegos.

Cristina llama el caso Cuadernos Truchos, y sostiene que los arrepentidos fueron extorsionados e intimidados a declarar en su contra bajo amenaza, y en un caso se llegó a la tortura.

El fiscal Carlos Stornelli, un acérrimo antikirchnerista, relató que el exfuncionario Roberto Baratta recaudaba el dinero, y Daniel Muñoz, secretario de los Kirchner era uno de los intermediarios finales antes de que el dinero llegara a Cristina.

La expresidenta y sus abogados sostienen que la causa fue armada con cuadernos manipulados y re-escritos, e incluso utilizaron extorsiones, amenazas y hasta torturas contra algunos imputados para que declaren en su contra.

La exdignataria está acusada en este proceso de liderar una asociación ilícita para defraudar al Estado, además de otros delitos de cohecho, junto a 16 exfuncionarios de su gobierno y 67 empresarios, más dos choferes.

Cristina compartió por X imágenes de vídeo en la que su exsecretario Fabián Gutiérrez admite en declaraciones a la televisión que sufrió amenazas de que meterían presa a su madre y hermana si no declaraba como arrepentido.

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