De acuerdo con las apreciaciones del mandatario, el eventual hundimiento de la propuesta, sumado a la que se malogró en el Congreso en 2024, a la pérdida parcial de la única de esas leyes conseguidas en 2022 tras un dictamen de la Corte Constitucional, y la alta deuda dejada por la administración anterior, entre otros factores, lleva al país a “una emergencia”.

En un mensaje divulgado en su cuenta de la red social X, estimó no obstante el mandatario que aún hay tiempo y manifestó su confianza de que el Legislativo reaccione con responsabilidad.

“Mi gobierno no ha financiado gasto con deuda, no propone impuestos ni a la gente trabajadora, ni al sector productivo. Mi gobierno ha logrado disparar ganancias y utilidades nunca antes alcanzadas por las grandes corporaciones financieras y comerciales particulares. Es hora que ayuden al equilibrio de las finanzas, cuyo desequilibrio no provocamos”, argumentó.

Enfatizó por otra parte que, en toda circunstancia y porque la nación se dirige hacia el Estado Social de Derecho, el gasto social y la financiación de los derechos fundamentales de la ciudadanía no retrocederán.

Durante la jornada de ayer se evidenció la división del Congreso ante la reforma fiscal o ley de financiamiento.

Mientras en el Senado hubo una gran puja para que la propuesta naufrague, la Cámara de Representantes le confirió su aval.

Debido al receso legislativo de fin de año la iniciativa del Gobierno se empieza a quedar sin tiempo pues tendría que ser aprobada en menos de dos semanas.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la norma busca cerrar la brecha fiscal heredada por el subsidio a la gasolina con la recaudación de poco más de 16 billones de pesos (más de cuatro mil millones de dólares al cambio actual).

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