El Proyecto del Senado 127, que garantizaría pensiones de esos empleados públicos podría violar acuerdos federales y afectar la recuperación de Puerto Rico.

Además, el organismo de control fiscal recomendó que se enmiende la Ley 111 de 2025, de Reforma de Permisos, debido a que fragmenta el proceso de evaluación y crea discreción, lo que podría retrasar el otorgamiento de aprobaciones y afectar proyectos económicos, lo cual impactaría negativamente la economía del país.

La legislación sobre las pensiones, ante la consideración de la gobernante puertorriqueña, crearía el “Acta Especial de Incentivo para la Jubilación de Empleados Esenciales”, que estaría en violación al Plan de Ajuste de la Deuda y varias órdenes judiciales vinculantes al abonar a la jubilación incentivada de ciertos trabajadores “esenciales”.

La JSF explicó que el proyecto de ley intenta ampliar el alcance del acuerdo, incluyendo empleados que no estaban contemplados inicialmente, lo que podría generar un impacto fiscal negativo al incrementar los gastos en beneficios de pensiones sin mecanismos claros para compensar esos costos, lo que va en contra de la hoja de ruta fiscal acordada previamente.

Por tal razón, el ente fiscal anticipó que se reserva el derecho de tomar acciones legales para impedir la implantación del proyecto si fuera necesario en caso de que la gobernadora lo firme.

“Esperamos que estas medidas sean innecesarias”, puntualizó el director ejecutivo Robert Mujica en una misiva dirigida a la mandataria.

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