En una declaración publicada aquí, advierten los exministros que la política migratoria debe enmarcarse en el Estado de Derecho y en las obligaciones internacionales asumidas por el país en materia humanitaria, refugio y protección de personas en situación de vulnerabilidad.

“Las propuestas basadas en la amenaza de expulsiones masivas, la separación de familias o el confinamiento en recintos cuasi carcelarios resultan incompatibles con el respeto a la dignidad humana y los estándares internacionales y regionales de protección de derechos humanos”, subrayan.

Añaden los firmantes que Chile tiene un interés esencial de preservar relaciones de respeto, cooperación y buena vecindad con Perú y Bolivia, por lo que la idea de empujar a miles de personas hacia los Estados vecinos es un gesto inamistoso.

En el debate del Primer Foro Social el aspirante al Palacio de La Moneda por el Partido Republicano dijo que a los cientos de miles de personas en situación irregular le quedaban 104 días para abandonar el país y, de no hacerlo, tendrían que salir con lo puesto.

“Chile tiene el deber de reforzar el control de sus fronteras y ordenar los flujos migratorios, pero las respuestas del candidato Kast, que apuntan a la expulsión de alrededor de 350 mil personas de manera indiscriminada, carecen de sustento logístico y financiero”, advierte el texto.

Por otra parte, sostienen, que la actual situación migratoria en el norte de Chile «exige respuestas firmes pero viables, acordadas con los países vecinos y consistentes con el derecho internacional, no con planteamientos retóricos que prometen soluciones simples a problemas complejos.

Los exministros de Relaciones Exteriores recuerdan que quienes aspiran a la más alta magistratura del país tienen el deber de contribuir a un debate serio, responsable y fundado en evidencia sobre la migración y la seguridad, que no se apoye en el temor ni en la desinformación.

“Resulta inaceptable que, con fines electorales, se tensionen innecesariamente las relaciones bilaterales o se formulen propuestas que desconocen las limitaciones prácticas y jurídicas de eventuales procesos masivos de expulsión, así como su costo humano y financiero”, declaran.

El texto fue suscrito por los excancilleres Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola e Ignacio Walker.

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