Según explicó a la prensa el secretario general de Conusi, Marco Andrade, en la Comisión Nacional, encargada de este asunto y nombrada por el Gobierno, las alternativas para las remuneraciones solo tienen en cuenta los gastos en alimentos y menosprecian las erogaciones necesarias en vivienda, agua y energía eléctrica, entre otros rubros.
Mientras la mayoría de la clase trabajadora recibe salarios paupérrimos, el administrador del Canal obtiene 26 mil dólares mensuales y algo similar ocurre con ministros de Estado y diputados, explicó.
En el encuentro con los medios también la presidenta del partido Frente Amplio por la Democracias (FAD), la economista Maribel Gordón, recordó que un 18 por ciento de la población que recibe remuneraciones, estas son más bajas que el actual salario mínimo promedio.
Además cuestionó que en el país existen por regiones y categorías diversas unos 63 tipos diferentes de salario mínimo, otra muestra de la inequidad social que vive el istmo.
Gordón rechazó además que el 30 por ciento de la población sufra malnutrición, otra de las brechas que los colectivos están llamados a cerrar pese a los obstáculos que en este tipo de debate interpone el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Esa instancia, que encabeza Jackeline Muñoz, revisa la escala salarial que regirá a partir de 2026, y para el consenso también debe contar con el criterio de empresarios y algunos representantes de sindicatos elegidos por el Ejecutivo, lo que ha destapado las críticas.
Sobre el tema, el propio Andrade indicó a Prensa Latina que la discusión del nuevo salario mínimo se desarrolla en un contexto adverso para el movimiento sindical.
“Estamos enfrentando a un gobierno que persigue sindicatos; el propio presidente ha dicho que es un gobierno empresarial”, comentó.
Andrade subrayó que el actual salario mínimo “no llena las expectativas de los trabajadores” y que la revisión debe considerar el costo real de la vida.
Agregó que este tipo de debates debería centrarse en la realidad económica de cada sector y región del país, recordando que “Panamá crece en números, pero no en generación de empleos”.
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